Hace unos días, Guillem Correa, secretario general del Consell Evangélic de Catalunya, dejaba caer la cuestión –a través de un artículo- de la financiación de las religiones minoritarias por parte del Estado como una cuestión de justicia económica. De forma muy inteligente hacía referencia a que no encontraba la casilla en la declaración de la renta para marcarla a favor de los “servicios sociales protestantes”, eufemismo que evita nombrar a las “iglesias protestantes”.
